La proposición de ley del Partido Popular de convertir a los maestros y profesores en una autoridad pública no se llevará a cabo por falta de apoyos en el Congreso. Aunque el grupo cuenta con el apoyo de UPyD, no ocurre lo mismo con el PSOE, CIU, PNV, ERC y BNG quienes se oponen a la reforma de la Ley Orgánica de Educación.
Según el portavoz de Educación del Partido Popular, Juan Antonio Gómez Trinidad, esta proposición responde a la demanda laboral y sindical tras el incremento de denuncias y juicios por agresión al profesorado. Por el contrario, el grupo socialista considera que esta medida carece de cortesía política, ya que el Gobierno está negociando un pacto de educación con fuerzas parlamentarias para que aborden este tema. De hecho, Gabilondo ha afirmado que el pacto va por buen camino, ya que hay un interés común de llegar a un acuerdo.
Con esta medida, los maestros y profesores contarían con la misma protección que los policías, médicos o pilotos y marinos al mando de una nave, de manera que, gozarían de la presunción de veracidad, es decir, su palabra tendría más valor que la de cualquier otro ciudadano. De igual forma, cualquier agresión a este colectivo en el ejercicio de sus funciones podría considerarse un delito con pena de presión de 2 a 4 años.
Todo esto sucede un mes después de que Esperanza Aguirre propusiese introducir una reforma en la futura Ley de Autoridad del Profesor. No obstante, esto no es nuevo, puesto que la Comunidad Valenciana y la Rioja ya habían otorgado, con una categoría inferior a la de ley, un rango superior a los maestros. Del mismo modo, Cataluña hace unos meses otorgó este rango a los docentes en su ley educativa, aunque sólo es válida para los directores.
Del mismo modo, la Fiscalía General del Estado ya expuso en diciembre de 2008 que las agresiones a los profesores deben considerarse como un atentado a la autoridad pública a nivel nacional. Sin embargo, esta medida que aconseja esto a los fiscales sólo atiende a los profesores que trabajen en centros públicos, no concertados ni privados. Entre los requisitos que ha de reunir la agresión para que se considere delito son el uso de la fuerza, intimidación grave o resistencia activa en el ejercicio de sus funciones.
Propuestas de ley y medidas como ésta demuestran que una parte del profesorado ha perdido la autoridad sobre los alumnos y los padres que siempre le había acompañado.
Interesante artículo. En algunas cosas estaría de acuerdo con considerar a los profesores autoridad, aunque creo que sería una ley que intenta tapar lo que se tendría que mejorar de otra forma: la educación y el respeto de la gente. De los alumnos y, principalmente, de sus padres, que son los primeros que tienen que "educar" a sus hijos y no esperar que lo hagan los profesores.
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