La pena de muerte es la condena más antigua de la historia. Aunque estuvo presente en civilizaciones como Grecia y Roma, fue en el S.XVIII cuando se impuso con mayor frecuencia y se inició el debate en el que aún se ven implicadas las Ciencias Sociales, la Criminología, el Derecho y la Religión.
El nacimiento de la Constitución Española en 1978 abolió la pena de muerte, vigente en España desde 1934, del Código Penal. Esta medida provocó el nacimiento del art. 15 de la Constitución: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan dispone las leyes penales militares para tiempos de guerra". Por otra parte, aunque España no ha ratificado el Protocolo 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertas Fundamentales, en la que se determina la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, sí ha firmado éste.
Este es el caso de España, sin embargo, a nivel internacional hay aproximadamente 90 países en los que ésta se sigue aplicando, China es el país que más ejecuciones realiza al año, seguida del Congo, EEUU, Irán o Egipto. Algunos de estos países están sometidos a regímenes dictatoriales y se usa como un arma política, no obstante, en el país americano la situación es diferente. El sistema bipartidista al que está sometido le coarta a iniciar los trámites para su abolición, puesto que el que proponga perdonar a un condenado a pena de muerte acabará dando por concluida su candidatura política. La opinión pública lo consideraría una medida que no ayuda a combatir la delincuencia.
Aquellos que se muestran a favor de ésta alegan que es una forma de ejercer el ejercicio de Legítima Defensa de la víctima del delito, un medio con el que evitar la posible fuga o reincidencia del culpable o la imposibilidad de un error en la sentencia, debido a las múltiples revisiones previas a la aplicación de la pena de muerte. Por el contrario, aquellos que se muestran a favor de su abolición argumentan que ésta no contribuye a disminuir la delincuencia, la irreversibilidad de la condena en caso de error judicial o la posibilidad de que ésta se utilice como un arma de poder en países dictatoriales. Así, afirman que es necesario luchar en contra de ésta para evitar que se sigan violando derechos humanos.
El debate sigue abierto después de cuatro siglos y no parece que vaya a concluir en unos años. Los diferentes colectivos que luchan a favor de los derechos fundamentales ya se han manifestado, ahora sólo queda esperar la actuación de los Gobiernos.
El nacimiento de la Constitución Española en 1978 abolió la pena de muerte, vigente en España desde 1934, del Código Penal. Esta medida provocó el nacimiento del art. 15 de la Constitución: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan dispone las leyes penales militares para tiempos de guerra". Por otra parte, aunque España no ha ratificado el Protocolo 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertas Fundamentales, en la que se determina la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, sí ha firmado éste.
Este es el caso de España, sin embargo, a nivel internacional hay aproximadamente 90 países en los que ésta se sigue aplicando, China es el país que más ejecuciones realiza al año, seguida del Congo, EEUU, Irán o Egipto. Algunos de estos países están sometidos a regímenes dictatoriales y se usa como un arma política, no obstante, en el país americano la situación es diferente. El sistema bipartidista al que está sometido le coarta a iniciar los trámites para su abolición, puesto que el que proponga perdonar a un condenado a pena de muerte acabará dando por concluida su candidatura política. La opinión pública lo consideraría una medida que no ayuda a combatir la delincuencia.
Aquellos que se muestran a favor de ésta alegan que es una forma de ejercer el ejercicio de Legítima Defensa de la víctima del delito, un medio con el que evitar la posible fuga o reincidencia del culpable o la imposibilidad de un error en la sentencia, debido a las múltiples revisiones previas a la aplicación de la pena de muerte. Por el contrario, aquellos que se muestran a favor de su abolición argumentan que ésta no contribuye a disminuir la delincuencia, la irreversibilidad de la condena en caso de error judicial o la posibilidad de que ésta se utilice como un arma de poder en países dictatoriales. Así, afirman que es necesario luchar en contra de ésta para evitar que se sigan violando derechos humanos.
El debate sigue abierto después de cuatro siglos y no parece que vaya a concluir en unos años. Los diferentes colectivos que luchan a favor de los derechos fundamentales ya se han manifestado, ahora sólo queda esperar la actuación de los Gobiernos.
